Este flujo migratorio ha motivado la preocupación de la comunidad internacional, que ha impulsado una Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que incluye objetivos relacionados con la migración, como tomar en cuenta la vulnerabilidad del inmigrante, reconocer su contribución al desarrollo, erradicar el tráfico humano, proteger sus derechos laborales y facilitar una migración ordenada, segura, regular y responsable, entre otros puntos.
Nuestro país no ha estado ajeno de esto, y en este último tiempo ha sido un tema contingente en donde hay acuerdo sobre la necesidad de actualizar nuestra legislación, pero todavía con una mirada tradicional, olvidando que la migración tiene una nueva dimensión de impacto a nivel local/urbano. Los inmigrantes tienden naturalmente a aglomerarse y esto conlleva una serie de situaciones que impactan en las ciudades, como acceso a trabajo y servicios y protección social (educación, salud, vivienda, pensiones). No asumir sus necesidades generará problemáticas como la segregación (residencial y social) segmentación laboral o subempleo e informalidad, exclusión social y pobreza, situaciones que pueden ocasionar en los nativos un clima de discriminación y xenofobia.
Por tanto, debemos hacernos responsables y desarrollar políticas de regulación, adaptación y de protección al inmigrante, regulando el flujo migratorio responsable; ayudarlos a adaptarse a la cultura chilena resguardando sus derechos; facilitar su inserción en el mercado del trabajo y su movilidad en igualdad de condiciones que los nativos. Adaptar nuestros sistemas (públicos, legales, administrativos) para su uso y disfrute; destinar recursos a nivel municipal en donde los inmigrantes se concentran, además de impulsar un cambio cultural en nuestra sociedad, promoviendo la inclusión e integración de los inmigrantes y aprender a convivir con culturas paralelas
¿Estamos preparados para ello?
Ver columna de opinión publicada en Diario Austral de Los Ríos