“Lo que estamos planteando es que recuperemos la tradición histórica de nuestro país y abandonemos el modelo que se ha ido construyendo a partir de la reforma del año 1980 y este alejamiento en el concepto de la dimensión de lo público limitándolo exclusivamente a lo estatal. Lo que buscamos es reconstruir esa mirada amplia e histórica que tuvo nuestro país en torno al desarrollo del sistema universitario”, aseguró el Rector Carlos Saavedra, de la Universidad de Concepción, en la Comisión Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios.
Se trata de la segunda exposición, el lunes lo hizo el Presidente de la Red G9, Rector Aliro Bórquez, en el marco de la discusión de la norma N° 59.750, “Educación Superior Inclusiva y Diversa, con Compromiso Público, Regional y Producción de Conocimiento de Excelencia” y de la iniciativa de norma 517 convencional presentada por Andrés Cruz, Miguel Ángel Botto y otros convencionales, que va en la línea de lo propuesto por la red.
“Queremos que ese rol preponderante del Estado con sus instituciones no limite el aseguramiento de las condiciones de funcionamiento para mantener este sistema de excelencia y calidad que desarrolló nuestro país fundamentalmente en base al aporte de las universidades que se encuentran hoy día agrupadas en G9”, agregó el Rector Saavedra en su alocución.
Asimismo, sostuvo que “las universidades que se han desarrollado y han permitido la descentralización y democratización del acceso a la educación superior en nuestro país (…) están fuertemente arraigadas en las instituciones de G9. Desde esa perspectiva ese es el sentido y el valor de estos proyectos públicos que permiten el avance de los territorios a partir del abordaje de las necesidades específicas sin abandonar el desafío global. Atender a las necesidades del territorio pero aportar al avance del conocimiento de la humanidad, ese es nuestro doble desafío y en eso estamos comprometidos”.
En la instancia, el Rector Saavedra precisó además que la propuesta normativa busca “un régimen regulativo que satisfaga el estándar de lo público de las universidades y se les asegure un adecuado y simétrico financiamiento del Estado, a las universidades públicas estatales y no estatales, para que puedan desarrollar sus funciones, de acuerdo a los requerimientos educacionales, científicos y culturales del país”.