El borde costero de la Región de Los Ríos posee un variado conjunto de actividades, en donde comunidades costeras ubicadas entre Mehuín y Huiro conviven con el desarrollo de actividades pesqueras y acuícolas, implementación de proyectos turísticos, económicos, desarrollo cultural de pueblos originarios, entre otros fines.
Muchas de las normas que regulan aspectos puntuales del borde costero lo hacen de forma sectorizada y específica para la materia a tratar, como ocurre con las concesiones marítimas y de acuicultura, áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, caletas pesqueras, espacios costeros de pueblos originarios, reservas y parques marinos, por mencionar algunos ejemplos.
En este contexto, cobra especial relevancia el ordenamiento territorial, entendido como función pública que define las principales líneas de planificación de los espacios y de la cual surgen instrumentos como el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) -figura creada en el año 2018- o los Planes Reguladores Intercomunales (PRI), en donde recientemente se ha dado inicio a un proceso de elaboración de un plan que integra las cuatro comunas costeras de nuestra región.
Debemos recordar que los suelos costeros son en su mayoría rurales, terrenos que -por disposición legal- tienen una vocación eminentemente agrícola, o se encuentran vinculados a labores agropecuarias. Esto porque la legislación distingue entre suelos urbanos y rurales, permitiendo solo respecto de los primeros -en principio- el desarrollo de actividades productivas, espacio público, de equipamiento o servicios, dejando al suelo rural en una posición de indefensión frente a lo urbano, lo que ha dado lugar al crecimiento espontáneo de centros poblados, industrias y todo tipo de proyectos económicos, sociales y culturales, facilitando la proliferación de conflictos sociales y ambientales respecto de estos territorios.
Por estos motivos, se hace necesario abordar de manera armónica y sistemática la regulación del borde costero, y es aquí donde instrumentos como el PROT y el PRI cobran gran importancia, pues pueden contribuir a dicho objetivo de forma concreta, aunando voluntades públicas y privadas, incorporando instancias de participación ciudadana y ponderando los distintos intereses sociales, ambientales, económicos y culturales que se encuentran involucrados, respetando además la biodiversidad.
Prof. Natalia Rodríguez Donoso