El Consejo de Rectores de Universidades Chilenas desea informar a la comunidad académica y a la ciudadanía su profundo rechazo por la forma como el Ejecutivo está implementando la iniciativa del Observatorio de Datos, cuyo proceso de llamado a concurso público y adjudicación finalizó el 15 de abril pasado.
Esta entidad privada sin fines de lucro -creada por Decreto Supremo (DS) Nº 164 de 16 de enero de 2019 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo- tiene como misión adquirir, procesar y almacenar en medios digitales datos generados por instituciones públicas o privadas y que por su volumen, naturaleza y complejidad requieren una curaduría, exploración, visualización, y análisis que facilite su disponibilidad para el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación, conocimiento y sus aplicaciones en la economía.
La administración de los datos que se generan en un país es un tema estratégico, relevante y complejo. Por lo mismo, se requiere de un proceso que garantice reflexión y un debate informado, plural y democrático, a fin de adoptar precauciones para evitar el mal uso de estos recursos.
Ni las universidades ni las instituciones de investigación en Ciencia de Datos fueron convocadas a participar en una real discusión sobre cómo el Estado de Chile debería desarrollar políticas públicas en esta área. Esto es inquietante porque esta información tiene el potencial de convertirse en el motor del desarrollo de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de la robótica, de la cuarta revolución industrial, y en general, de las oportunidades de innovación; además de constituir una materia prima del desarrollo futuro de la ciencia y la producción de bienes y servicios, tanto privados como públicos.
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